El Gobierno nacional presentó en el Congreso el proyecto de reforma laboral con el argumento de que permitirá crear más y mejores puestos de trabajo. Sin embargo, la iniciativa llega en un escenario económico adverso, marcado por una actividad estancada, una fuerte retracción del empleo registrado y miles de empresas en crisis, lo que pone en duda el diagnóstico oficial y los efectos reales de la propuesta.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el mercado laboral evidenció un deterioro persistente. Datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino indican que se perdieron más de doscientos ochenta mil puestos de trabajo asalariados registrados, con impacto tanto en el sector privado como en el empleo público y el trabajo en casas particulares. En paralelo, crecieron el subempleo, la informalidad y el pluriempleo, mientras el salario real permanece estancado.

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La iniciativa profundiza lineamientos ya incluidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 de 2023 y en la Ley Bases. De acuerdo con especialistas y centros de estudio, el proyecto avanza sobre derechos laborales adquiridos, amplía la discrecionalidad de los empleadores y debilita la negociación colectiva. También advierten que la reforma no ataca los problemas estructurales del mercado laboral, sino que tiende a legalizar formas de precarización ya existentes.

El propio sector empresario refleja el deterioro del contexto económico. Más del veinte por ciento de las empresas redujo personal, aumentaron las suspensiones y la reducción de turnos, y la caída de la demanda interna aparece como la principal preocupación. A esto se suma el cierre de más de diecinueve mil empresas en los últimos meses, mientras la industria continúa operando por debajo de niveles históricos.

Distintos analistas remarcan que no existe evidencia empírica de que la flexibilización laboral, por sí sola, genere empleo. La experiencia argentina muestra que en períodos de desregulación y reducción de contribuciones patronales aumentaron el desempleo y la informalidad, mientras que las etapas de mayor creación de puestos de trabajo coincidieron con procesos de crecimiento económico, fortalecimiento del mercado interno y políticas activas de empleo.

Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es la creación de un Fondo de Asistencia Laboral financiado con recursos que hoy se destinan a la seguridad social. De esta manera, el Estado asumiría parte del costo de los despidos, reduciendo fondos para jubilaciones y prestaciones. Además, la baja de aportes patronales a las obras sociales implicaría una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas.

La reforma también introduce cambios en el plano sindical, al ampliar el listado de actividades consideradas esenciales y restringir el derecho a huelga. Asimismo, impulsa la descentralización de la negociación colectiva, priorizando acuerdos por empresa o región en detrimento de los convenios sectoriales, lo que podría derivar en salarios más bajos y peores condiciones laborales.

En el plano previsional, la reducción de contribuciones patronales a la Administración Nacional de la Seguridad Social genera alertas sobre el financiamiento del sistema jubilatorio. Algunos especialistas advierten que esta estrategia podría abrir la puerta a futuras privatizaciones, con antecedentes negativos en términos de costos fiscales y protección social.

Mientras tanto, los indicadores económicos muestran una actividad que no se desploma, pero tampoco logra despegar. El leve crecimiento de algunos sectores no se traduce en generación de empleo, ya que se concentra en rubros de baja intensidad laboral. Así, la mejora macroeconómica no llega al bolsillo ni al mercado de trabajo.

En este contexto, distintos analistas coinciden en que la reforma laboral no aborda los problemas de fondo del empleo en Argentina. Sin crecimiento sostenido, sin recuperación del consumo y sin un modelo productivo que impulse sectores generadores de trabajo, la flexibilización de derechos no crea empleo de calidad y profundiza un escenario de precarización, caída salarial y debilitamiento de la seguridad social.